Por Tomislav Sunic (*)
Revista Digital “Disidencia”
09 FEB 2002
Reproducimos este artículo por su interés, dado que pese a
estar escrito hace ya 11 años, en su mayor parte sigue vigente.
La policía del pensamiento moderno es difícil de detectar, ya que a menudo busca esconderse bajo suaves palabras como "democracia" y "derechos humanos". Aunque cada Estado miembro de la Unión Europea le gusta mostrar la belleza de sus párrafos constitucionales, rara vez lo hace tratar de exponer las ambigüedades de su código penal. El año pasado, en junio y noviembre (de 2001), la Comisión Europea tuvo una reunión poco publicitada en Bruselas y Estrasburgo, cuya importancia histórica en relación con el futuro de la libertad de expresión podría eclipsar el reciente lanzamiento de la nueva moneda euro.
La cuestión es
la promulgación de la nueva legislación europea que tiene como objetivo
contrarrestar la creciente desconfianza sobre la viabilidad de la Unión Europea
multirracial. Tras los acontecimientos del 11 de septiembre, y en la estela de
ocasionales velados comentarios anti-israelíes en algunas revistas americanas y
europeas, el deseo de la Comisión Europea es que se debe ejercer el máximo
control de disidentes, a través de un control máximo del pensamiento. Si el
nuevo proyecto de ley patrocinado por la Comisión Europea sobre "crimen de
odio" pasa por el Parlamento Europeo, el poder judicial de cualquier
estado miembro de la UE en el que esta supuesta "ofensiva verbal" ha
sido cometida, ya no tendrá única jurisdicción. Procedimientos judiciales y
castigos "apropiados" se pasarán a los tribunales supranacionales de
la Unión Europea.
Si este
proyecto de ley es aprobado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, se
convierte automáticamente en ley en todos los estados miembros de la Unión
Europea, de Grecia a Bélgica, de Dinamarca a Portugal. Conforme a la redacción
ambigua de la ley del concepto de "crimen de odio" o "incitación
al odio racial", toda persona declarada culpable de un delito verbal mal
definido en el país "A" de la Unión Europea, puede ser multado o
encarcelado en el país "B" de la Unión Europea.
En realidad,
esto ya es el caso. En retrospectiva, la promulgación de esta legislación de la
UE se presenta como la recreación del código penal comunista de finales de la
Unión Soviética. Por ejemplo, el poder judicial comunista que la extinta
Yugoslavia comunista tuvo durante décadas recurría a un meta-lenguaje legal
similar, como el párrafo sobre "propaganda hostil" del Código Penal,
artículo 133. Tal abstracción semántica podría aplicarse a cualquier sospechoso
- sin importar si los actos cometidos eran sospechosos de violencia física
contra el estado comunista, o simplemente esbozó una broma crítica del
comunismo.
Por el momento,
el Reino Unido cuenta con el más alto grado de libertades civiles en Europa, y
Alemania el más bajo. El Parlamento del Reino Unido recientemente rechazó
semejante "crimen de odio" del proyecto de ley patrocinado por
diversos grupos de presión. Sin embargo, numerosos casos de atraco a las
personas mayores de ascendencia británica en las ciudades inglesas por bandas
extranjeras, en su mayoría asiáticos, o bien no se denuncian, o no tienen
seguimiento jurídico.
Si un
extranjero sospechoso, acusado de delito penal es llevado a juicio, por lo
general se le declara inocente o se declara en frente de los jueces, a menudo
miedosos, como "víctima de prejuicio racial". Por lo tanto,
independientemente de la relativa libertad en el Reino Unido, un alto grado de
auto-censura ya existe. La propuesta de ley de la UE haría pasar esta censura
de facto e de jure.
Desde 1994,
Alemania, Canadá y Australia han reforzado las leyes contra opiniones
disidentes, en particular contra los revisionistas y nacionalistas. Varios
cientos de ciudadanos alemanes, incluyendo un número de académicos de alto
perfil han sido acusados de incitación al odio racial o de dudar del
holocausto, sobre la base del neologismo legal extraño del
("Volkshetze"), el artículo 130 del Código Penal alemán. Gracias a
esta mal redactada construcción gramatical, ahora es fácil de colocar cualquier
periodista o profesor en dificultad legal si él / ella cuestiona la versión
oficial de la historia moderna o si pasa a ser crítico con el creciente número
de inmigrantes no europeos.
En Alemania, en
contra de Inglaterra y Estados Unidos, hay una larga tradición jurídica de que
todo está prohibido si no está explícitamente permitido. En Estados Unidos e
Inglaterra, presupone práctica jurídicas que todo está permitido si no está
expresamente prohibido. Esta puede ser la razón por la qué Alemania ha adoptado
leyes estrictas contra la supuesta o real negación del Holocausto.
En diciembre
del año pasado, un historiador judío-estadounidense Norman Finkelstein, durante
su visita a Alemania, pidió a la clase política alemana que dejara de ser una
víctima de la "industria del Holocausto" y sus grupos de presión.
Señaló que una actitud alemana imprudente sólo provoca ocultos sentimientos
antisemitas. Como era de esperar, nadie reaccionó a los comentarios de
Finkelstein, por miedo a ser etiquetados como antisemita. En cambio, el
gobierno alemán, a través de sus contribuyentes, acordó el año pasado a pagar
más de 5 millones de euros en el presente ejercicio a algunos 800.000
sobrevivientes (o sucesores) del Holocausto.
Este silencio
es el precio pagado por la censura intelectual en las democracias. Cuando la
discusión de ciertos temas están prohibidos, el clima de frustración empieza a
crecer. ¿Puede cualquier nación occidental que inhibe la expresión y la libre
expresión de diversas opiniones políticas - por aberrante que sean - llamarse
una democracia?
Aunque Estados
Unidos se enorgullece de su primera enmienda, la libertad de expresión en la
educación superior y los medios de comunicación está sujeta a la autocensura
didáctica más estricta. Expresión de opiniones políticamente incorrectas puede
arruinar la carrera de los que son "ingenuos" como para confiar en
sus derechos de la Primera Enmienda. Es una práctica creciente entre los
profesores titulares en los EE.UU. el dar buenas calificaciones a muchos de los
estudiantes de las minorías a fin de evitar problemas legales con sus
compañeros en el mejor caso, o para evitar la pérdida de un puesto de trabajo
en el peor.
En la misma
línea, según la ley Fabius-Gayssot, propuesta por un diputado comunista francés
y que se adoptó en 1990, una persona que pronuncie sus dudas en público
sobre la moderna victimología antifascista se arriesga a multas graves o penas
de prisión. Una serie de escritores y periodistas de Francia y Alemania
perdieron sus puestos de trabajo, o pidieron asilo político en Siria, Suecia o
Estados Unidos, o están en prisión.
Medidas
represivas similares se han promulgado recientemente en Australia, Canadá y
Bélgica. Muchos políticos nacionalistas de Europa del Este, especialmente de
Croacia, que deseen visitar a sus compatriotas expatriados en Canadá o
Australia se les niegan visados por los países sobre la base de sus supuestos
puntos de vista nacionalistas extremistas. Por el momento, Rusia y otros países
post-comunistas, no están sujetos al mismo control del pensamiento represivo
que existe en los EE.UU. o la Unión Europea. Sin embargo, en vista de la
creciente presión de Bruselas y Washington, esto puede cambiar.
Contrariamente a la creencia generalizada, el terrorismo de Estado, es decir, el totalitarismo, no es sólo un producto de la ideología violenta defendida por un puñado de matones. Miedo cívico y la abdicación intelectual crean un terreno ideal para la tentación totalitaria. El terrorismo intelectual es alimentado por la creencia popular de que de alguna manera las cosas van a arreglarse por sí mismas. Dejando crecer la apatía social y el aumento académico de la autocensura solo se consigue mpulsar el espíritu del totalitarismo. En esencia, el espíritu del totalitarismo es la ausencia de todo espíritu.
(*) El autor es escritor y profesor de ciencias políticas en la antigua EE.UU. También es un ex diplomático croata.
